Artículo e000205
La Red Feminista Quintanarroense y la toma pacífica del Congreso del
Estado de Quintana Roo
The Quintana
Roo Feminist Network and the Peaceful Takeover of the Quintana Roo State
Congress
Fecha de recepción:
08/09/2021
Fecha de aceptación:
29/11/2021
Fecha de publicación:
07/03/2022
https://doi.org/10.48102/if.2022.v2.n1.205
Yunitzilim Rodríguez Pedraza*
yunitzilim@uqroo.edu.mx; yunitzilim@outlook.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7329-2169
Doctora en Derecho
Constitucional y Amparo
Universidad de
Quintana Roo
México
Erika Lizbeth Cornelio Ramos**
Maestra en Políticas
Públicas Comparadas
Universidad Modelo de
Chetumal
México
Sandra María Guadalupe Cortés
González***
Licenciada en Derecho
Colectiva Marea Verde
Quintana Roo
y Red Feminista Quintanarroense
México
Resumen
La toma pacífica del
Congreso del Estado de Quintana Roo es un hecho histórico. Mujeres organizadas
articuladas bajo la Red Feminista Quintanarroense levantaron la voz y pusieron
el cuerpo durante 95 días en plena pandemia por el virus COVID-19 —46 de ellos
sin energía eléctrica ni suministro de agua— para exigir que se legislara sobre
su derecho a decidir. Las autoridades, demostrando su poca formación en materia
de perspectiva de género, derechos humanos y, específicamente, en lo que
implica el derecho a la protesta pacífica, incentivaron el discurso de
odio e intolerancia que de por sí ya existía en contra de las feministas,
especialmente en contra de aquéllas que se posicionaban abiertamente a favor
del aborto legal, seguro y gratuito.
No
obstante, el movimiento cobró fuerza y logró que se designara una sede alterna
para que la “Legislatura de la Paridad” sesionara y que se modificara el
calendario establecido para la discusión de las iniciativas existentes respecto
a la despenalización del aborto; también logró un dictamen positivo sobre la
materia y evidenció claramente que el discurso político sobre la lucha para
erradicar la violencia contra la mujer en el estado y en el país es una
simulación.
Palabras clave
Aborto legal, derecho
de protesta, criminalización a feministas, laicidad, derecho a decidir.
Abstract
The peaceful takeover of the Congress of the State
of Quintana Roo is a historical fact. Organized women articulated under the Quintanarroense Feminist Network, raised their voices, and
put their bodies together for 95 days in the midst of
the COVID-19 virus pandemic —46 of them without electricity or water supply— to
demand legislation on their right to decide. The authorities, demonstrating
their lack of training in matters of gender perspective, human rights and
specifically regarding what the right to peaceful protest implies, encouraged
hate speech and intolerance that already existed against feminists and
especially against those who were openly in favor of legal, safe
and free abortion.
But the movement gained
strength and managed not only to designate an alternate headquarters for the
“Parity Legislature” to meet and also modify the calendar established for the
discussion of existing initiatives regarding the decriminalization of abortion,
it also achieved a positive ruling on the matter
and clearly evidenced that the political discourse on the fight to eradicate
violence against women in the state and in the country is a simulation.
Keywords
Legal abortion, right of protest, criminalization
of feminists, secularism, right to decide.
Introducción
La Red Feminista
Quintanarroense (RFQ) representa una articulación de colectivas y
organizaciones de la sociedad civil conformadas por mujeres que han trabajado
desde diversos espacios a favor de los derechos de las mujeres y niñas en la
entidad. Dada la ubicación de Quintana Roo en el sureste y el Caribe mexicano,
la población se conforma por mujeres que proceden de diversas entidades y
países que se asumen latinas o caribeñas; otras, además, se identifican o
autodenominan indígenas, afromexicanas o afrodescendientes.
En
esta entidad ubicada en el sureste mexicano, se movilizan las mujeres de la
RFQ, quienes impulsan la lucha y se han fortalecido desde el sur y desde sus
realidades sociales, económicas y culturales. Una de las aportaciones de la RFQ
es que propicia el movimiento feminista desde las periferias y descentralizado
de la Ciudad de México. Históricamente, el feminismo en México se ha pensado
desde el centro, no desde la periferia y mucho menos desde los estados frontera.
Por ello, la lucha desde el sur de México ha marcado precedente y es histórica.
El
movimiento feminista en Quintana Roo jamás había tenido tanta visibilidad como
en los últimos cuatro años, no porque no existiera, sino porque alcanzó
relevancia nacional e internacional con los vuelcos a las calles de miles de
mujeres, especialmente jóvenes, que salieron a exigir un alto a la violencia
ejercida de diversas formas contra las mujeres, pese a las condiciones
económicas y políticas de la población de la entidad que aparentemente no eran
propicias para el surgimiento de un movimiento con capacidad de mover a miles
de mujeres.
El
28 de septiembre de 2018 es una fecha que ha quedado marcada en la historia de
la lucha por el derecho a decidir en la entidad, pues señala el inicio de este
movimiento articulado que impulsó la marea verde en Quintana Roo. El movimiento
cuenta con la participación de mujeres de todos los estratos sociales —muchas
de ellas profesionistas—, preparadas en el tema, empáticas, sororas,1 con
objetivos firmes y con el hartazgo de luchar desde la individualidad. Se inició
así la lucha en el Congreso del Estado de Quintana Roo con la primera marcha en
la que las quintanarroenses salieron a las calles a levantar la voz, a hablar
del aborto, del derecho a decidir, de la educación integral de la sexualidad;
se visibilizaron las necesidades sobre los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres del sur. Esto fue un momento fundamental en la capital
quintanarroense puesto que las mujeres, en lo general, jamás se habían
organizado para exigir y hacer visibles sus derechos, lo que continuó en el
2019, año en el que se notó mayor participación que en 2018.
En
2019, se observaron las primeras marchas del 8 de marzo con miles de mujeres,
ahora ya con mejor organización y con mayor fortaleza. A principios de 2020,
comenzaron las primeras articulaciones a nivel
estatal no sólo con la marea verde sino con todas las colectivas que luchaban
contra las diversas violencias que atravesaban a las mujeres en todos los
espacios.
En
2020, por primera vez, se gestó una organización estatal entre colectivas para
identificarse, unir esfuerzos, crear redes de apoyo y, sobre todo, generar
agenda sobre la despenalización del aborto y posicionar e impulsar el tema. Con
esta agenda, comenzó de forma alterna un acercamiento con las instituciones de
manera articulada para atender todas las problemáticas que enfrentaban las
mujeres, las cuales se potenciaron por la pandemia de COVID-19; se realizaron
una serie de mesas de trabajo en línea para avanzar en mejorar la atención,
investigación y sanción de dichas violencias.
No
obstante, lo que catalizó la coordinación y articulación de las colectivas fue
el llamado 9N (9 de noviembre). Tras el ataque del que fueron objeto mujeres y
hombres que marchaban por el feminicidio de Alexis2 —el
cual había ocurrido un fin de semana antes en Cancún, Quintana Roo—, las
colectivas feministas coincidieron en que lo más importante era consolidar una
red, a la que llamaron Red Feminista Quintanarroense. La RFQ tenía el objetivo
de dialogar con las autoridades y establecer una serie de exigencias al Estado
para la erradicación de la violencia feminicida en Quintana Roo, aunado a una
serie de peticiones que quedaron plasmadas en el pliego petitorio que
entregaron en su primera reunión con el Ejecutivo del estado, el gobernador
Carlos Joaquín González, el 16 de noviembre de 2020.
Una
vez articuladas esa primera reunión y la serie de exigencias establecidas en
cincuenta y cuatro puntos del pliego petitorio —entre ellas, la solicitud de
renuncia del secretario de Seguridad Pública, el alto a los feminicidios con
políticas públicas concretas, atender la despenalización del aborto y detener
la intención de establecer el pin parental en la ley de educación (Palco
Noticias, 2020)—, se logró visibilizar la existencia de la RFQ y de la lucha
feminista, lo que nunca antes había pasado pues no se les consideraba para
ninguna decisión, política o estrategia de gobierno.
A
partir de entonces, se acordó una organización interna entre colectivas. El 25
de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, efectuaron un plantón en la
explanada del Congreso del Estado de Quintana Roo, cansadas de la omisión de la
Legislatura para legislar el reconocimiento, respeto y garantía del derecho a
decidir de las mujeres. Durante el evento, se colocó una “Antimonumenta” para
que quedara evidencia de la lucha y de la falta de voluntad política para
erradicar la violencia de género a pesar de contar con una Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado desde el 7 de
julio de 2017.
La
toma del Congreso del Estado de Quintana Roo no era parte de las actividades
organizadas por la RFQ. En el proceso organizacional del plantón afuera del
Congreso y de la colocación de la Antimonumenta, la toma fue un hecho circunstancial,
consecuencia de la invisibilización de la lucha, del propio plantón y de las
vulneraciones a las que fueron expuestas las mujeres que lo sostenían. Fue así
como, el viernes 27 de noviembre de 2020 por la noche, el Congreso fue tomado
pacíficamente, marcando un hito en la lucha feminista de la ciudad, la entidad
y el país.
En
el presente artículo, se realizará un recorrido por los hechos previos que
llevaron a la toma pacífica del Congreso, así como los obstáculos, represiones,
avances, acuerdos y cierre que tuvo ese hecho histórico sostenido por mujeres
feministas, activistas y defensoras de derechos humanos que lograron poner el
tema del derecho a decidir en la agenda legislativa.
Para
ello, se deja evidencia de la observación participante de las autoras del
presente artículo y del diario de campo registrado en la relatoría de hechos
elaborada por la Red Feminista Quintanarroense durante los días de la toma.
El 9N
Ante los hechos del
9N, el 16 de noviembre de 2020, la RFQ presentó un pliego de peticiones a los
tres poderes del estado en el que, de manera enunciativa más no limitativa,
señalaron cincuenta y cuatro puntos que requerían implementarse —no sólo con
voluntad política sino también con recursos— para lograr cambios estructurales
en favor de los derechos de las mujeres y niñas. Entre los puntos planteados,
se encontraban diez acciones legislativas concretas; entre ellas, la urgente
discusión y análisis de las iniciativas en torno a la despenalización del
aborto (Varillas, 2020).
Asimismo,
el pliego contenía un apartado sobre los derechos sexuales y reproductivos —del
punto 38 al 43— en el que señalaban la necesidad del respeto a la laicidad, de
la educación integral de la sexualidad, del suministro de métodos
anticonceptivos en los centros de salud rurales y urbanos y de la capacitación
y observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA-2005 para detener la
criminalización de las mujeres que deciden sobre sus cuerpos.
Tras
la sistemática omisión y negativa de los y las legisladoras integrantes de las
comisiones a las que fueron turnadas las iniciativas a favor de la
despenalización del aborto, las feministas decidieron realizar acciones
directas para visibilizar la causa y la lucha. Por ello, con motivo del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaron
movilizaciones pacíficas en varios municipios del estado. En Chetumal, la
capital de Quintana Roo, convocaron a una concentración que concluyó con la
lectura de un pronunciamiento en el que informaron que instalarían un plantón
en la plazoleta del Congreso desde ese día, 25 de noviembre (Maldonado et al.,
2020).
Causas de la toma pacífica
El 27 de noviembre en
la noche, el plantón se convirtió en una toma y ocupación pacífica de las
instalaciones del Congreso que son de acceso público (el vestíbulo del edificio
y los sanitarios) dadas las siguientes circunstancias:
a. Durante
la noche del día 25 —cuando se instaló el plantón—, todo el día 26 y el día 27
de noviembre de 2020 hasta antes de las 20:00 horas, no hubo interés ni
comunicación alguna con las feministas por parte de las y los legisladores para
trabajar sobre la ruta legislativa a emprender para dar atención a las diez
acciones legislativas que planteaban como principal exigencia.
b. Durante
la noche del día 25 de noviembre, los guardias de seguridad pusieron música a
alto volumen, a pesar de que muchas de ellas intentaban dormir mientras otras
hacían la vigilia; al pedirles que bajaran el volumen, incluso le subieron más,
en un intento de hostigar e incluso de privar del sueño a quienes participaban
en el plantón.
c. Las
dos noches que pernoctaron afuera (la del 25 y la del 26 de noviembre), les
permitieron el acceso a los sanitarios; sin embargo, varias compañeras fueron víctimas
de acoso por parte del personal de seguridad puesto que sólo las dejaban
pasar de una en una.
d. El
día viernes 27 de noviembre, unos quince minutos antes de las 20:00 horas, una
mujer, familiar de una víctima de feminicidio que participaba en las
actividades, pidió acceder al baño y los guardias le dijeron que se apurara
porque a las 20:00 horas cerraban y no se iba a quedar nadie ahí; la señora se
acercó a informar de ello a las compañeras; uno de los guardias también se
acercó a confirmar la información.
e. Le
solicitaron al guardia que les dieran oportunidad de contactar a algunas
diputadas o diputados para que se continuara proporcionando ese servicio que
resultaba esencial; además, garantizaba el ejercicio de las medidas de
prevención de COVID-19 como es la higiene de manos.
f. Enseguida,
varias de ellas empezaron a escribirle y marcarle a las y los diputados para
pedirles que intervinieran; sin embargo, no recibieron respuesta alguna;
mientras tanto, lo que hizo el personal de seguridad fue irse de la plazoleta
hacia las puertas de acceso al Congreso y empezaron a cerrarlas, por lo que las
mujeres que sostenían el plantón decidieron no permitirlo e ingresaron al
vestíbulo del Congreso para así tener acceso a los sanitarios, además de poder
resguardarse de la lluvia que en ese momento había iniciado.
g. La
toma se transmitió en vivo por la página oficial de Marea Verde Quintana Roo,
lo que se convirtió en un llamado a todas las demás compañeras, quienes se
acercaron apenas pudieron o apoyaron el acto a través de esa red social.
h.
En el interior del edificio, se
quedaron seis elementos de seguridad del Congreso, todos del sexo masculino,
quienes se negaron a salir de él. (R. Pedraza, Registro de diario de campo
durante la toma pacífica de “la Congresa”, 27 de noviembre de 2020)
Momentos
después, esa misma noche del 27 de noviembre, el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso, el diputado Erick Gustavo
Miranda García, envío a un empleado de nombre Benjamín Vaca González para
amedrentarlas; Vaca tuvo una conducta por demás grosera pues, al decirle que no
podía entrar —puesto que ya se había efectuado la toma del Congreso y la idea
era que salieran los hombres de seguridad y no que entraran más—, dijo: “a mí
me dejas entrar porque éste es mi edificio y cuidadito le hacen algo al mural
porque va a haber consecuencias” (B. Vaca, Comunicación personal, 27 de
noviembre 2021), por lo que la comunicación con él no pudo darse.
Esa
misma noche, ya estando dentro de las instalaciones del Congreso y dado que
entre las mujeres que efectuaban la toma había víctimas de delitos sexuales, se
le solicitó al personal de seguridad (todos hombres) que se retiraran del
edificio; éstos se negaron rotundamente y empezaron a tomar capturas
fotográficas de la identidad de las feministas que estaban presentes, fotos que
empezaron a circular en grupos de Facebook. Ellas fueron informadas de este
acto por personas aliadas.
Después
de sostener dos llamadas telefónicas con el diputado Erick Gustavo Miranda
García, éste manifestó su amplia preocupación por el mural que se encuentra en
el vestíbulo del Congreso y se negó a pedir a su personal masculino que se
retirara; incluso se le planteó que podría sustituirlo con personal femenino
para garantizar que hubiera vigilancia pero que la misma no fuese amedrentadora
para las participantes.
Se
insistió en exigir que se garantizara la seguridad para las manifestantes y
defensoras de derechos humanos en la toma, en contra de cualquier acto de acoso
o agresión de índole sexual o de otra acción que pudiera menoscabar la
integridad de las manifestantes, por lo que ellas se mantuvieron firmes en la
postura de no permitir hombres en el vestíbulo del Congreso, que era el espacio
en donde iban a dormir y en donde mantendrían el acto político de protesta pacífica.
Posteriormente,
llegó una comitiva de mujeres trabajadoras y directivas del Congreso, quienes
nos propusieron ingresar para garantizar que el mural no fuera afectado y,
además, para ser el enlace de comunicación y negociación con nosotras; dicha comitiva
estuvo encabezada por la diputada Ana Pamplona Ramírez —legisladora que el 9 de
marzo de 2020 había ingresado una de las cuatro iniciativas a favor de la
despenalización—. Se expuso ante el grupo de trabajadoras y la diputada la
situación que se presentó, la falta de comunicación por parte del Congreso,
cuáles eran nuestras peticiones, así como la necesidad de que los veinticinco
legisladores y legisladoras dejaran de invisibilizar la lucha y de hacer a un
lado la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos; se les solicitó
que, a través de su conducto, les dijeran a todas las y los diputados que los
estarían esperando en el Congreso para hablar de sus exigencias, después de
casi tres días de invisibilizar el plantón.
Las
peticiones específicas que se plantearon antes del plantón y en la toma fueron:
1.
Que se analicen, discutan y dictaminen
las iniciativas en favor de la despenalización del aborto, especialmente la
última, que era la única vigente y que fue canalizada a las comisiones de Justicia
y Salud.
2. Que
se elabore una ruta legislativa respecto de los nueve puntos restantes
señalados como acciones legislativas en el pliego petitorio entregado el día 16
de noviembre.
En
virtud del riesgo evidente en el que se encontraban como defensoras de derechos
humanos, especialmente con el antecedente de represión violenta de otra
protesta feminista sólo unos días antes (el 9N), se pidió la intervención de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), la cual
emitió las medidas precautorias y cautelares derivadas del expediente
VG/OPB/402/11/2020, en el que se solicitaba al presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura (JUGOCOPO) que
girara sus instrucciones para que, de manera inmediata, se adoptaran medidas
precautorias en favor de las mujeres manifestantes en el Congreso, a efecto de
respetar su derecho a la libertad de expresión, a la integridad y a la
seguridad jurídica, así como para asegurar que no se les impidiera el acceso a
los lugares públicos del recinto en donde realizaban la manifestación (como el
vestíbulo y los baños); también se indicaba que debía instruir al personal para
garantizar el respeto a la integridad física y psicológica de las
manifestantes, así como suspender y evitar la aplicación de cualquier medida
que violentara sus derechos humanos.
El
1 de diciembre, el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo, compuesto por el presidente de la Comisión y por
personas independientes y expertas en materia de derechos humanos, emitió un
comunicado de respaldo a la regulación de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres en Quintana Roo (Consejo Consultivo de la CDHEQROO, 2020).
Sede alterna de la XVI Legislatura
A pesar de la
apertura al diálogo de la RFQ, las manifestantes no cedieron en el pliego petitorio;
pernoctaron y permanecieron varios días en el vestíbulo del Congreso. Las y los
legisladores, con la certeza de que no se daría ni un sólo paso atrás,
designaron una sede alterna en el siguiente sentido:
A través de una
iniciativa, la XVI Legislatura de Quintana Roo designó al Centro de
Convenciones de Chetumal como la sede alterna para sesionar y así respetar la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Artículo 61 y acatar las medidas
cautelares emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. (El
Quintana Roo MX, 2020)
Los antiderechos
Los grupos
antiderechos estaban activos y eran incentivados principalmente por
organizaciones religiosas. Grupos eclesiásticos convocaron una manifestación en
las instalaciones del Congreso el día 8 de diciembre para oponerse a la
propuesta de regular los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
En el marco de dicha convocatoria, integrantes de la RFQ comenzaron a recibir
amenazas y agresiones a través de redes sociales, las cuales incluían insultos,
descalificaciones y llamados al ejercicio de la violencia en su contra.
El
día 8 de diciembre, mientras acontecía la manifestación convocada por los
grupos eclesiásticos, una de las compañeras más visible e identificada en la
toma —y que había sido objeto específico de señalamiento en redes sociales—
sufrió una agresión en su domicilio, la cual incluyó daños a su vehículo y el
lanzamiento de un objeto inflamable al jardín de su hogar mientras su familia
—incluyendo sus hijos— se encontraba en él. Por suerte, la rápida reacción de
los vecinos logró apagar el conato de incendio y no se produjeron daños
personales. Dichos hechos fueron denunciados ante la fiscalía pero aún no
existen avances en la investigación. Al mismo tiempo, las agresiones y amenazas
a través de medios digitales aumentaron en frecuencia y gravedad, tanto en
contra de la RFQ como ataques individuales en contra de algunas integrantes.
9 de diciembre de 2020.
Criminalización
de la protesta y cuestionamiento a la CDHEQROO
La página oficial del
Congreso del Estado de Quintana Roo informó que el día 9 de diciembre de
2020 sesionarían las Comisiones Unidas, a efecto de iniciar la metodología para
el análisis, estudio y discusión en Parlamento abierto de las iniciativas para
la despenalización del aborto. Por ello, las colectivas y organizaciones de la
RFQ se comunicaron formalmente con las diputadas y los diputados, reafirmado su
apertura y disposición al diálogo constructivo, para solicitar que dicho
proceso se efectuara de manera ágil y expedito para lograr de la mejor manera
posible la pronta entrega de las instalaciones del Congreso. Señalaron,
incluso, propuestas para permitir que las sesiones se pudieran realizar en el
recinto del Congreso de manera segura, incluyendo medidas de mitigación de la
COVID-19.
Ese
mismo 9 de diciembre, fue citado a comparecer, en la sede alterna del Congreso,
el presidente de la CDHEQROO. La comparecencia se usó para cuestionarlo y que
rindiera cuentas sobre las medidas cautelares emitidas en favor de la
integridad de las activistas y defensoras de los derechos humanos involucradas
en la toma y sobre el comunicado emitido por el Consejo Consultivo de la
Comisión.
Durante
la comparecencia, las diputadas y diputados mostraron su desconocimiento sobre
el derecho de reunión pacífica y sobre el papel de las instituciones ombudsperson;
además, estigmatizaron y criminalizaron el movimiento feminista y a quienes se
encontraban en la toma pacífica de las instalaciones del Congreso. En ningún
momento, las diputadas y diputados expresaron su condena a la agresión sufrida
por una de las compañeras en su casa el día anterior, ataque que puso en riesgo
la vida y la integridad de su familia.
Entre
lo afirmado por las diputadas y diputados frente al presidente de la CDHEQROO,
se puede destacar lo siguiente:
a. Le
recriminaron por haber emitido medidas cautelares y precautorias para asegurar
la integridad de las defensoras de derechos humanos después de la toma del
Congreso.
b. Lo
acusaron de haber permitido que las defensoras de derechos humanos tomaran el
Congreso.
c. Le
cuestionaron los motivos y la legitimidad del Consejo Consultivo de la CDHEQROO
para pronunciarse en favor de los derechos sexuales y reproductivos y la lucha
feminista.
d. Con
base en esas “acusaciones”, plantearon la posibilidad de renuncia del ombudsperson del
estado o la revocación de su mandato.
e. Invisibilizaron
la lucha que se efectuaba a favor de los derechos humanos de las mujeres en el
estado y estigmatizaron, señalaron y criminalizaron la lucha y la causa,
cuestionando “las formas” y acusando a la protesta pacífica de ser violenta y
vandálica.
f. Responsabilizaron
a las feministas, activistas y defensoras de derechos humanos, durante casi
todas las intervenciones que efectuaron, de que las y los trabajadores no
pudieran ir al Congreso a trabajar; incluso aceptaron la explotación laboral
que sufren las y los empleados al aceptar que algunos vivían en el Congreso, lo
que hace suponer que no se cumplen con las condiciones generales de trabajo y
además contravienen las disposiciones sanitarias con motivo de la pandemia.
g. Cuestionaron
la autonomía de la CDHEQROO al señalar que, si no se resolvía el asunto de la
toma del Congreso, le iban a pedir su renuncia.
h. Efectuaron
actos directos de xenofobia en contra del personal de la Comisión.
i. Cuestionaron
que personal de la CDHEQROO hubiera portado pañuelos verdes —símbolo de la
lucha feminista en favor de los derechos sexuales y reproductivos—, como si
fuera una situación que comprometiera el enfoque en derechos humanos,
perspectiva de género e igualdad sustantiva con la que deben trabajar.
j. Demostraron
una clara ignorancia del marco legal, funciones, alcances y documentos que
expide la CDHEQROO, así como sobre los derechos humanos, lo que podría
entenderse como una negación del derecho de reunión pacífica de otro grupo
social, el cual está también protegido por los instrumentos internacionales.
k.
Intentaron contraponer los derechos
humanos de las y los trabajadores de Congreso frente a los de las
manifestantes, a pesar de señalar que nuestra causa era legítima. (Congreso del
Estado de Quintana Roo, 2020)
Estos
actos sin precedentes en la entidad dan una idea de la crisis de derechos
humanos que existe en el país y, sobre todo, la subordinación que algunas
personas creen que las Comisiones de Derechos Humanos tienen, olvidando que son
órganos constitucionales autónomos y que dicha figura jurídica tiene un objeto
específico.
Debe
recordarse que los órganos constitucionales autónomos se caracterizan por
la
competencia para ejercer en grado supremo un complejo de funciones públicas; la
idoneidad para frenar, controlar y equilibrar a los otros órganos con
responsabilidades igualmente supremas; por lo tanto, la Constitución los coloca
al menos en un lugar de relativa igualdad e independencia con respecto a estos
órganos.
[…]
los
órganos constitucionales autónomos: “Tienen la gran ventaja de poder decidir
autónomamente su forma de gobierno o gobernanza corporativa, definir el
conjunto de materias específicas de decisión, y las normas de procedimiento
para validar la coerción institucional y técnica de las decisiones”.
La
autonomía, como se puede apreciar, es una forma de división de poderes, puesto
que supone la distribución de funciones más allá de las tradicionales y de los
órganos (soberanos) encargados de llevarlas a cabo. Por tanto, cada órgano
autónomo se constituye en torno a una atribución y del área de competencia que
se genera alrededor de ellos. Sin embargo, los órganos autónomos no están
subordinados y no dependen de los órganos tradicionales, lo que implica una
situación de independencia relativa. (Ruíz, 2017, pp. 87-88)
No
debe permitirse que se cuestione la autonomía de un órgano constitucional
autónomo y que las y los diputados crean que, por haber designado al presidente
de la Comisión de Derechos Humanos —lo cual es su facultad y obligación—, la
institución está bajo su orden y que el presidente o el órgano colegiado que lo
conforma debe condicionar o supeditar su actuación a las aspiraciones y juicios
de valor personales de las y los legisladores. Sin embargo, lastimosamente, eso
pasó en Quintana Roo.
Cabe
mencionar que ese mismo día, 9 de diciembre, sin importarle la toma pacífica ni
el derecho de protesta que las feministas efectuaban con ella, el Pleno acordó,
en sesión ordinaria, una agenda en la que el análisis, estudio y discusión en
Parlamento abierto de las iniciativas para la despenalización del aborto se
atenderían hasta el mes de febrero de 2021 y, llegado el caso, se dictaminarían
hasta el mes de abril de ese mismo año. Esta resolución incumplía los
compromisos previos de iniciar de inmediato el trabajo de análisis y
dictaminación, invisibilizaba nuevamente la lucha y ponía en segundo plano los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el estado.
Esa
postergación hacía suponer que, probablemente, no se discutiría ni analizaría
el punto dado que Quintana Roo tenía elecciones en 2021 y muchos diputados y
diputadas contemplaban abandonar sus escaños para buscar otros puestos de
elección; en este escenario, posicionarse en contra del tema ponía en
entredicho sus candidaturas por lo que el establecimiento de esa agenda de
discusión se veía como una táctica dilatoria.
En
virtud del cuestionamiento y la limitación a los que fue sometido el presidente
de la CDHEQROO, el 11 de diciembre se solicitó la intervención de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que, entre otros actos,
actualizara las medidas precautorias y cautelares. Esta solicitud se entregó de
manera personal el 14 de diciembre (Red Feminista Quintanarroense, 2020).
Derivado
de las manifestaciones estigmatizantes en contra del movimiento, el 18 de
diciembre de 2020, la RFQ presentó una queja formal ante la CNDH en contra de
las y los legisladores del estado de Quintana Roo por discriminación y violencia
institucional; sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta o acción
alguna en consecuencia.
Cabe
señalar que, en simultaneidad con la toma pacífica del Congreso, las
integrantes de la RFQ siguieron en las mesas de trabajo con el Ejecutivo
estatal. Así, se reunieron con el gobernador el 15 de diciembre de 2020 para
dar seguimiento al pliego petitorio entregado el 16 de noviembre. Esa reunión
fue aprovechada para que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) interviniera a favor del
derecho de protesta y del respeto a la lucha que estaban sosteniendo las
activistas, haciendo un reconocimiento de la causa.
Una
de las notas periodísticas derivadas de dicha reunión refiere lo siguiente:
Ante la presencia
virtual del Sr. Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el
gobernador Carlos Joaquín presentó a la Red Feminista diez estrategias para dar
seguimiento a los 54 puntos del pliego petitorio, entre las que se destacan: a)
atención y reparación a víctimas; b) desarrollo de un presupuesto con
perspectiva de género; c) creación de un programa único de capacitación; d)
supervisión y transparencia participativa, entre otras. (Gobierno de Quintana
Roo, 2020)
La criminalización de la protesta
Desde la toma, las
activistas que participaron fueron víctimas de diversas acciones para debilitar
la lucha; todas ellas constituyen actos de discriminación y represalias que,
como servidores y servidoras públicas, las y los diputados efectuaron en contra
del movimiento. Entre ellas, mencionamos las siguientes:
a. Las
reiteradas amenazas emitidas de usar la fuerza pública para obligar a las
manifestantes a dejar las instalaciones del Congreso del estado.
b. Desde
el miércoles 2 de diciembre, las luces externas alrededor del Congreso y de la
explanada no fueron encendidas; en consecuencia, la parte externa del lugar de
la toma estuvo totalmente a obscuras, lo que las colocaba en estado de
vulnerabilidad.
c. Apagaron
el compresor, lo que afectó el funcionamiento óptimo del aire acondicionado.
Éste se había mantenido prendido y funcionando siempre (situación que se pudo
verificar puesto que, al ingresar a los sanitarios antes de la toma, incluso de
madrugada, éste enfriaba adecuadamente); sin embargo, desde el día 2 de diciembre
sólo expulsaba aire pero no enfriaba, lo cual afectó a un gran número de
mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad y animales que se
encontraban en el vestíbulo, ya que las manifestantes estaban imposibilitadas
de abrir las puertas del recinto legislativo por temor a vulnerar la seguridad
de la toma pacífica del Congreso. Además, el corte de la refrigeración afectó
la conservación del mural que se encuentra en el vestíbulo del Congreso y por
el que diversos diputados y diputadas mostraron gran preocupación de manera
reiterada; ellas temían que fuera una táctica para que se generaran daños en el
mural y posteriormente las responsabilizaran por éstos.
d. El
4 de diciembre de 2020, se les suspendió el servicio de
internet, lo que afectó el cumplimiento de las actividades escolares que debían
efectuar las niñas y los niños que se encontraban con sus madres en la toma
dado que, debido a la contingencia por COVID-19, las clases presenciales fueron
suspendidas y las actividades escolares se realizaban de manera virtual.
e.
En entrevistas otorgadas por las y los
legisladores, éstos se refirieron a las manifestantes como chantajistas;
también afirmaron que la toma era un capricho y omitieron mencionar que las
activistas llevaban años efectuando diversas acciones y actividades,
presentando escritos, oficios, exhortos a fin de lograr incentivar que
legislaran sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y las niñas en el estado.
Una
de las mayores represiones que sufrieron durante la toma se dio el 21 de
diciembre de 2020 a las 13:00 horas, fue cortado el suministro de energía
eléctrica del recinto legislativo. El corte fue hecho por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) debido a que —según les fue referido— no se había pagado el
servicio, pago a cargo del diputado Gustavo Miranda, presidente de la JUGOCOPO.
El servicio no se reestableció a pesar de haber solicitado a la CNDH la emisión
de nuevas medidas cautelares a favor de quienes sostenían la toma, lo que nunca
sucedió.
La
interrupción del suministro de energía eléctrica fue un acto que iba en contra
de las medidas cautelares emitidas por la CDHEQROO, ya que, en la práctica,
impidió el uso de los lugares públicos del edificio del Congreso, entre ellos
los baños puesto que sin electricidad no funcionaban las bombas de agua, lo que
afectó la higiene básica de mujeres, niñas y niños que permanecían en la toma e
incrementó el riesgo de contagio de la
COVID-19 debido a la imposibilidad de garantizar las medidas recomendadas por
las autoridades sanitarias, como el lavado recurrente de manos. Esto atentó
contra la integridad y el derecho a la protesta pacífica de las manifestantes
dentro de la toma. La falta de energía eléctrica también impidió que los
alimentos perecederos que las activistas tenían en refrigeración para
alimentarse se mantuvieran en buen estado; asimismo, limitó su comunicación
puesto que los equipos electrónicos (teléfonos y computadoras) no contaban con
la carga suficiente para que pudieran mantenerse en contacto con el exterior.
El
corte de luz y agua, más allá de ser un acto de omisión administrativa, formó
parte de la campaña de acoso institucional por parte del Poder legislativo
hacia las defensoras de derechos humanos que se posicionaron a favor de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en el estado. Ante
estas agresiones, ellas iniciaron un acercamiento y diálogo con el Mecanismo
Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
para la incorporación de la Red Feminista Quintanarroense al mismo. La RFQ fue
incorporada el 23 de diciembre de 2020 y se emitió el plan de protección
acordado por la Junta de Gobierno del Mecanismo los días 25 y 26 de febrero de
2021.
El derecho de protesta y de
manifestaciones pacíficas
La ONU-DH México
respaldó la lucha de la Red Feminista Quintanarroense y la toma pacífica del
Congreso; incluso, se publicó un hilo en el perfil oficial de Twitter de la
organización para reafirmar cuestiones elementales sobre el respeto al derecho
de reunión pacífica y de manifestación en referencia a las acciones de la RFQ.
Éstos son algunos de los tweets que conforman el hilo:
[2] El Consejo de
Derechos Humanos de la ONU señala que “las manifestaciones pacíficas pueden
contribuir al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales”.
[5] El Relator
Especial sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, señala que es “una
congregación intencional y temporal de personas en un espacio privado o público
con un propósito concreto” que puede adoptar diversas formas.
[6] Pueden ser
manifestaciones, asambleas en locales, huelgas, procesiones, concentraciones,
sentadas… para expresar reclamaciones, aspiraciones o celebraciones. Las
protestas prolongadas también están protegidas por este derecho.
[8] Las protestas
afectan actividades cotidianas, pero “este tipo de alteraciones son parte de la
mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos [...] que
deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse”.
[9] La CIDH nos
recuerda que la protesta es una forma de ejercicio de la libertad de expresión,
el cual “no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes
fundamentos de toda la estructura democrática”.
[10] Las autoridades
deben evitar interferencias ilegítimas con las protestas, proteger a quienes
participan en protestas y a terceras personas, y abstenerse de descalificar o
desanimar el ejercicio de este derecho.
[11] El Relator de
libertad de reunión pacífica recuerda que “nadie debe ser penalizado ni debe
recibir amenazas o sufrir violencia, acoso, persecución, intimidación o
represalias por ejercer los derechos a la libertad de reunión pacífica”.
(ONU-DH México, 2020)
Denuncias y negociaciones
El 28 de diciembre de
2020, algunas de las activistas y defensoras de derechos humanos que se
mantenían en la toma interpusieron una denuncia penal por el delito de
discriminación y negligencia en el desempeño de función y cargo en contra de
las y los veinticinco legisladores que conforman la XVI Legislatura,
autonombrada la “Legislatura de la Paridad”.
El
5 de enero de 2021, el gobernador del estado emitió un oficio para la Red
Feminista Quintanarroense en el que adjuntó copia de otro oficio que se entregó
al presidente de la JUGOCOPO para solicitar la reinstalación del suministro de energía
eléctrica (Carrasco Fuentes, 2021).
El
11 de enero, el secretario de gobierno del estado de Quintana Roo, como enlace
del Mecanismo de Protección de Defensoras de Derechos Humanos, emitió un nuevo
oficio para el presidente de la JUGOCOPO en el que le propuso la instalación de
una mesa de diálogo entre el Congreso del estado y la RFQ para escuchar y
analizar propuestas para la solución del conflicto.
Estos
dos oficios no tuvieron respuesta, lo que evidenció la simulación por parte del
Ejecutivo y la nula voluntad política para resolver la problemática, emitiendo
el mensaje de que a las defensoras de derechos humanos se les puede vulnerar
sin que nadie, incluso el gobernador, pueda hacer nada.
El
12 de enero, el gobernador del estado de Quintana Roo asistió a la Sesión
Solemne del 46 aniversario de la Promulgación de la Constitución en el Estado;
en su discurso, se refirió a la situación de la toma e hizo un llamado a la
Legislatura en el que reconoció que la sociedad está en continuo cambio, en
permanente transformación de pensamiento y renovación de ideas: “frente a estas
realidades, no debemos temer a aquellas iniciativas que propugnen una
renovación de las políticas sociales, económicas y culturales, siempre que se
produzcan bajo el paraguas del estado de derecho, del pluralismo político y
entre el respeto entre mayorías y minorías” (Congreso del Estado de Quintana
Roo, 2020).
Ante
ello, surgieron titulares como éste: “‘Queremos acciones, no simulaciones’:
Ante omisión e incumplimiento de diputados, inunda la Red Feminista
Quintanarroense transmisión de la sesión solemne de promulgación de la
Constitución de QR”; en esta nota se resalta que “Por primera vez en la
historia de Quintana Roo, la sesión solemne se realizó en un edificio alterno
al Poder Legislativo ante la toma de la sede del Congreso por parte de la Red
Feminista Quintanarroense” (Briceño, 2021).
También
apareció otra nota titulada “Segunda llamada de Carlos Joaquín a diputados para
atender demandas de grupos feministas”, en la que se citaban palabras referidas
por el gobernador:
En pleno respeto
entre las mayorías y minorías y dentro el marco del derecho, los diputados
locales deben trabajar sin miedo a las iniciativas que profundicen en los
cambios sociales, económicos y culturales, como las que se refieren a la
despenalización del aborto, promovidas y demandadas por grupos feministas.
(EquilibrioDigital, 2021)
El
13 de enero de 2021, la RFQ presentó, ante la Dirección General de Atención
Ciudadana de la Presidencia de la República, una solicitud para el presidente
de la República a fin de lograr su intervención para detener los actos de
represión en contra de quienes sostenían la toma y de quienes luchaban a favor
de la causa, y para atender el pliego petitorio a favor de los derechos de las
mujeres y niñas (Red Feminista Quintanarroense, 2021).
Discurso de odio e intolerancia
Se siguió
incentivando el discurso de odio e intolerancia desde el Congreso del estado.
El 15 de enero de 2021, el diputado Gustavo Miranda García, presidente de la JUGOCOPO,
hizo una trasmisión en vivo desde su cuenta de Facebook con el título “Tema
Acuerdo Feministas. Comenta qué harías tú con la situación de la luz en el
Congreso” (Miranda, 2021b); entre los señalamientos que hizo en dicha
transmisión, destacan los siguientes:
·
“hemos sido sumamente respetuosos, tal
vez extremadamente respetuosos de emitir un comentario o emitir un
posicionamiento […] nos hemos mantenido al margen, siendo respetuosos, a pesar
de todos los comentarios allá afuera, de los posicionamientos, etcétera”.
·
“Vamos a estar compartiendo una carta
con la postura de parte de la XVI Legislatura, una postura personal”.
Entonces
no se entiende si es la postura de la XVI Legislatura o de él como servidor
público y presidente de la JUGOCOPO.
·
“No es nuestra obligación ni la
obligación de los contribuyentes estar financiando ningún movimiento; por más
justa que sea la causa, por más digna, por más real, no es la obligación de
nosotros como ciudadanos estar pagando para que la gente se manifieste. ¿Qué es
nuestra obligación como autoridad? Salvaguardar la integridad y sus derechos
humanos, escucharles en todo momento, permitirles la libertad de expresión y
bajo ninguna circunstancia agredirlas o hacer uso de la fuerza pública […]. Sin
embargo, no es nuestra obligación financiar o pagar la luz, y estar nosotros
subsidiando los costos, porque es dinero de los contribuyentes”.
·
“En el diálogo se les solicitó al grupo
de feministas que permitieran entrar al equipo de contabilidad a las oficinas
del área contable […] y al no permitirlo, pues no pudimos pagar la luz y CFE es
quien paga [sic] la luz”.
·
“No está en las medidas cautelares de
la Comisión de Derechos Humanos la obligación a pagarles la luz […]; nosotros
debemos de permitirles expresarse en el área del vestíbulo […] donde se les
está permitiendo expresarse y manifestarse […] les hemos permitido manifestarse
[…] no hemos hecho uso de la fuerza pública […] aunque han habido peticiones de
otros actores en el estado, no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer”.
En
su transmisión, menciona abiertamente el nombre completo de dos compañeras que
opinaron durante la emisión y señala que son parte de quienes estaban en la
toma.
·
“me he excedido con estas libertades
[…] los primeros días que se les mantuvo el tema del aire acondicionado […] y
la luz […] hasta que no pudimos por razones mayores pagar la luz”.
Por
último, llama a la ciudadanía a opinar:
·
“Por favor, si son parte de la
ciudadanía de Chetumal o de todo el estado, pongan sus comentarios, para saber
qué opinión tienen, qué harían o cómo les gustaría que se trate este tema”.
Las
declaraciones vertidas por el servidor público incentivan aún más el discurso
de odio e intolerancia hacia el movimiento y estigmatizan la lucha por el
derecho a decidir; además, de manera específica, llama a la población a opinar
sobre el tema, cuando antes ya refirió que no tiene por qué ser financiado por
el Estado y menos con el dinero de los contribuyentes; asimismo, menciona a dos
de las feministas que estaban en la toma, poniéndolas en el centro de los
señalamientos.
El
18 de enero de 2021, a las 12:49, nuevamente el diputado Gustavo García
Miranda, a través de su perfil de Facebook, trató públicamente el tema de la
toma pacífica del Congreso (Miranda, 2021a). Las declaraciones que hizo fueron
las siguientes:
·
“Dentro de la causa, hay grupos
verdaderos, pero hay un grupo político que se está aprovechando”.
A
partir del minuto 10:35, señala que, entre las feministas, hay intereses
políticos; a pesar de que reconoce que hay grupos reales de mujeres que han
sido víctimas, que se manifiestan, también apunta que
·
“hay otro grupo […] que se queda 24/7,
que para quedarse […] con plantas de luz, con comida… pues hay un grupo
financiando y cuando revisas los expedientes de gente que ha sido candidato o
que pretende ser candidato o que milita en algún partido político y tiene
comunicación directa con actores y servidores públicos actuales de otros
poderes, pues te das cuenta que este tema tiene otros intereses políticos”.
En
el minuto 21:50 menciona:
·
“Hasta que el diálogo no nos lo permita
[…] no podemos hacer uso de la fuerza pública. Han habido peticiones de otros
actores […] pero no lo vamos a hacer porque, si así nos están […] queriendo
meter situaciones políticas, imagínense ustedes si hubiera un altercado” [en el
Congreso].
A
partir del minuto 18:10, señala otra vez que detrás del grupo de feministas hay
·
“seguramente grupos ajenos al
movimiento que somos parte de Morena, Verde y PT. Hay partidos involucrados
atrás, hay quienes son afiliadas al PRI, quienes son afiliadas a otros
partidos. Pudiera ser casualidad, pudiera no ser casualidad, pero creo que la
misma gente local […] sabe por dónde viene eso”.
El
20 de enero de 2021, en el programa nocturno de MVS Noticias con Pamela
Cerdeira, el diputado Gustavo Miranda García, en una entrevista en vivo, señaló
lo siguiente respecto a la toma: “Aunque ha habido sugerencias de otras
dependencias que nos solicitaron que hiciéramos uso de la fuerza pública, no lo
hemos hecho”; ante la pregunta directa de qué otras dependencias le habían
pedido eso, contestó: “por parte del gobierno estatal y gobiernos municipales”
(Cerdeira, 2021).
Las
declaraciones del diputado dejaron en claro que no sabía sobre los alcances del
ejercicio del derecho a la protesta o que el servicio de luz es parte de las
condiciones previas que debían garantizarse, lo cual aceptó al admitir las
medidas precautorias y cautelares; seguía sosteniendo que era casi un favor que
no usara la fuerza pública para desalojar a las feministas del Congreso y, lo
más grave, aseguró que fue el Gobierno del estado de Quintana Roo el que le
había pedido que las desaloje del Congreso, lo que demuestra el grado de
peligro, riesgo permanente y vulnerabilidad en el que se encontraban como
defensoras de derechos humanos.
Dado
que ni el Legislativo ni el Ejecutivo tenían la fuerza ni la voluntad real para
solucionar el tema de la reinstalación de la energía eléctrica, el 26 de enero
las feministas solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal a
través de la interposición de un juicio de amparo indirecto en contra del Poder
legislativo como autoridad ordenadora y de la CFE como autoridad ejecutora, en
virtud de que los cortes al suministro de energía eléctrica y agua
representaban una violación al derecho de reunión pacífica y de protesta. El
juicio se radicó ante el Juzgado Primero de Distrito, bajo el número de
expediente 51/2021-II y el Incidente de Suspensión 51/2021. En virtud del
amparo interpuesto, la luz fue reconectada el 4 de febrero de 2021, después de
cuarenta y seis días de corte. Al día siguiente fue activada la bomba y se
contó con el suministro de agua.
Los murales
En el marco de la
toma pacífica del Congreso, el arte fue otra forma de expresar la rabia y el
enojo frente al sistema machista, misógino y patriarcal que rige socialmente;
fue otra forma de visibilizar las omisiones del Estado, la complicidad con los
agresores y la permisividad de la violencia.
“Forma,
color e historia de Quintana Roo” es el título del mural que se encuentra en el
vestíbulo del Congreso; entre las escenas que lo componen, hay una en la que se
retrata a una mujer en el suelo, con las piernas abiertas, claramente recién
violada por el hombre que está de pie frente a ella subiéndose la bragueta. Eso
demuestra que la realidad está plagada de violencia hacia las mujeres, siendo
lastimoso que los vestigios que existen den cuenta de ello, como si fuera algo
digno de plasmar.
En
casi todos los momentos de la historia, las mujeres han sido sometidas,
violentadas, abusadas; siempre como objetos de cambio y placer. Han sido
utilizadas como estandarte político, sólo para los discursos, mientras siguen
normalizándose todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y
siguen siendo omisos sus derechos humanos.
Por
ello, durante la toma, en el mes de enero de 2020, desde la Red Feminista
Quintanarroense, se convocó a muralistas feministas que quisieran hacer
historia y plasmar su arte en el mural que se elaboró al exterior de “la
Congresa” —como se denominó al recinto para nombrarla en femenino— como una
contrapropuesta del mural del interior; una obra que demostrara que las mujeres
siempre han levantado la voz y exigido el reconocimiento de sus derechos
—prueba de ello son los avances y derechos logrados—, que demostrara que,
durante la toma, las mujeres, feministas, activistas y defensoras de derechos
humanos estaban en pie de lucha. Todo ello debe quedar plasmado en los crónicas
de la historia del estado pues la fuerza, la resistencia, la firmeza y el
espíritu tienen el soporte de todas las mujeres que se sumaron a esa lucha.
El acuerdo
Finalmente, después
de setenta y seis días de toma del Congreso y de muchas negociaciones entre la
XVI Legislatura y la RFQ, el 10 de febrero de 2021, se suscribió un acuerdo
(Red Feminista Quintanarroense y XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana
Roo, 2021). Los puntos tratados y negociados para integrar al mismo fueron los
siguientes:
·
La atención de las iniciativas
presentadas en relación con los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres en Quintana Roo se daría mediante de un nuevo calendario que sería
acordado por el Pleno el 15 de febrero de 2021.
·
Los procesos relacionados para este fin
(foros, sesiones de comisiones, dictaminación y votación en Pleno)
comprenderían el periodo del 16 al 24 de febrero de 2021.
·
A partir de la firma del acuerdo y
hasta la dictaminación de las iniciativas para despenalizar el aborto, la Red
Feminista Quintanarroense seguiría en las instalaciones del recinto
legislativo, permitiendo el acceso a diputadas, diputados y personal mínimo
indispensable del Congreso a los espacios de oficinas administrativas y salón
del Pleno.
·
La coexistencia entre las integrantes
de la RFQ y las personas servidoras públicas del Congreso del Estado se
efectuaría de las 9:00 a las 17:00 horas, pudiendo ingresar ellos por la puerta
posterior que lleva al estacionamiento.
·
Una vez emitido el dictamen, la RFQ
efectuaría la desocupación y entrega de las instalaciones del Congreso.
·
Las integrantes de la RFQ podrían
asistir a la sesión del Pleno en la que se iba a desahogar la discusión y
votación del dictamen correspondiente.
·
Respecto a las otras nueve acciones
legislativas consideradas por la RFQ, se propuso establecer un calendario para
su atención —el cual abarcaría el año 2021—, en el que se priorizaría y
salvaguardaría la construcción de la normatividad en torno a los derechos
humanos de las mujeres.
·
La XVI Legislatura señalaba que no
ejerció ni ejercería persecución, denuncia, procedimientos, señalamientos
políticos ni sociales en contra de ninguna persona integrante de la RFQ o que
defienda los derechos humanos de las mujeres.
·
La comunicación para la observancia y
atención de los puntos del acuerdo se llevarían a cabo mediante una comisión
integrada por las personas designadas por las y los diputados de la XVI
Legislatura y las integrantes de la RFQ.
·
Ambas partes aceptaban el
atestiguamiento de personal de la ONU-DH México, Servicios y Asesoría para la
Paz, A. C. (Serapaz), la Red Violeta por la Paz y la CDHEQROO a manera de
acompañantes y observadores.
La
suscripción se dio el 10 de febrero de 2021; fue respaldada por Servicios y
Asesoría para la Paz, A. C. (Serapaz) (2021) y por la ONU-DH México (Naciones
Unidas México, 2021). Ese mismo día fue habilitado nuevamente el internet con
acceso libre en el Congreso.
Parte
del acuerdo con la XVI Legislatura implicó coexistir o compartir el espacio del
vestíbulo hasta que se emitiera el dictamen sobre el derecho a decidir. Por
ello, durante el proceso de cambio de calendario, emisión de convocatorias,
realización de foros y discusión en Comisiones Unidas, las feministas
permanecieron al interior de las instalaciones del Congreso con el riesgo
latente que eso significaba.
A
efecto de lograr una mejor coexistencia, se efectuó una reducción del espacio
en el que ellas mantenían la toma; se estableció una separación física con
mamparas para evitar que estuvieran a la vista y fueran objeto de agresiones.
En el proceso, se dieron diversas fricciones; sin embargo, ellas fueron
pacientes y prudentes con el fin de avanzar en lo que les interesaba: la
discusión de las iniciativas a favor de la despenalización del aborto en
Quintana Roo.
El
15 de febrero, se sesionó en el salón del Pleno del recinto oficial y se emitió
el nuevo calendario para celebrar las audiencias públicas y cumplir el proceso
legislativo entre el 16 y el 24 de febrero (Torres, 2021).
Sin
embargo, desde la mañana del sábado 20 de febrero, las integrantes de la RFQ
fueron víctimas de diversos ataques. En redes sociales circuló un video
criminalizando la lucha y la toma pacífica del Congreso. De igual forma, se
publicaron dos notas periodísticas de las que se deduce la intromisión de la
Iglesia católica en contra del avance de los derechos sexuales y reproductivos,
inmiscuyéndose en asuntos políticos en una clara violación a la normatividad en
materia de asociaciones religiosas y cometiendo delitos electorales (Varillas,
2021).
La
intromisión se dio a tal grado que el monseñor Pedro Pablo Elizondo hizo la
siguiente publicación en Twitter: “Pido a Dios que los diputados de Quintana
Roo @CongresoQRoo no sucumban a la presión de grupos agresivos minoritarios
olvidando a las mayorías que ellos representan. #QuintanaRooEsProvida”
(Elizondo, 2021). Aunado a ello, en varios puntos de la ciudad de Chetumal y
otros municipios del estado, se repartió material impreso con imágenes de la
toma y de las compañeras que permanecían en ella, incentivando el discurso de
odio e intolerancia en su contra como defensoras de derechos humanos. Sin duda,
el efecto logrado por las manifestantes fue grande: que las y los diputados
modificaran el calendario de discusión.
Gracias
a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación, se dio a conocer
que, a través de grupos de WhatsApp, circulaba la siguiente convocatoria:
Ciudadanos
rechazan que el Congreso de Quintana Roo siga siendo vandalizado por
feministas.
Este
lunes 22 de febrero, a las 17:00, mujeres y hombres de buena voluntad invitan a
la prensa local a una actividad que busca contribuir a una cultura de paz y
vida.
El
pueblo de Quintana Roo ha sido lastimado por la inacción de las autoridades.
Por esta razón, buscan dar un mensaje: en las peores crisis, los pueblos salen
adelante si la gente se activa y lucha por la verdad.
El
hijo no nacido es persona y tiene derechos humanos. Estos colectivos pretenden
disminuir la protección del derecho a la vida, ya que detrás del aborto hay una
agenda internacional que busca lucrar con la sangre de los mexicanos no
nacidos.
El
pueblo de Chetumal está cansado de tanta impunidad. Ellos buscarán visibilizar
que no hay condiciones que garanticen un proceso legislativo neutro y justo.
Las
feministas rompen, pintan, queman y secuestran instituciones. El gobierno
federal y local promueven la impunidad y es el pueblo quien tiene que exigir se
respete el marco jurídico.
Te
esperamos este lunes a las 17:00 horas en el Congreso de Quintana Roo para
hacer el trabajo que el gobierno dejó de hacer: fortalecer el Estado de
derecho. (R. Pedraza, Comunicación personal, 20 de febrero de 2021)
Esta
convocatoria representaba un llamado a la agresión. Dado que la RFQ ya estaba
incorporada al Mecanismo Nacional para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la noche del 21 de febrero de
2021, solicitaron que, como una labor prioritaria e inmediata, el Gobierno
federal en coordinación con el ejecutivo del estado de Quintana Roo
emprendieran una acción para minimizar el efecto de la criminalización y
escrutinio público al que se les había sometido a quienes sostenían la toma,
emitieran las instrucciones necesarias para que, a través de los cuerpos
policiacos a su cargo, se detuviera la distribución y difusión del material
elaborado en su contra y se iniciaran las investigaciones correspondientes a
nivel estatal contra quienes lo estuvieran financiando. De igual manera,
solicitaron que se reforzaran los mecanismos de seguridad en las instalaciones
del Congreso los siguientes días, en los que se daría la discusión en
Comisiones Unidas y la votación en el Pleno.
Respecto
a los ministros de las asociaciones religiosas que incurrieron en delitos
flagrantes, se solicitó a las autoridades a nivel nacional que procedieran
legalmente, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 1992), cuya
aplicación corresponde a la Secretaría de Gobernación federal.
El
22 de febrero de 2021, las feministas que sostenían la toma convocaron a una
rueda de prensa para señalar a las personas responsables de incentivar el
mensaje de odio e intolerancia hacia las manifestantes como defensoras de
derechos humanos; entre esas personas estaba monseñor Pedro Pablo Elizondo
(Marea Verde Quintana Roo, 2021d).
Dado
que, según el calendario, el proceso de foros, discusión y dictaminación, así
como de votación de las iniciativas concluiría el 24 de febrero, la RFQ convocó
a las compañeras afines a la lucha para concentrarse a las afueras del Congreso
del estado durante los días 22, 23 y 24 de febrero, por lo que pidieron que se
reforzara la seguridad del área y solicitaron que se establecieran vallas para
controlar el ingreso. Sin embargo, no fueron proporcionadas.
Como
estaba previsto en su convocatoria, el 22 de febrero de 2021, los antiderechos
intentaron acercarse a los murales exteriores para pintarlos, pero no lo
lograron, en virtud de que las compañeras convocadas se instalaron alrededor de
los mismos. Sin embargo, la mañana del 23 de febrero de 2021, los murales —que
se habían elaborado al exterior del Congreso para manifestar la digna rabia
ante la violencia de género que las mujeres vivimos en todos los espacios—
amanecieron pintados de blanco; se deduce que este acto se efectuó durante la
madrugada, a pesar de la presencia del personal policiaco y del personal de
vigilancia del Congreso del estado (Marea Verde Quintana Roo, 2021c).
Este
hecho llevó a convocar a más muralistas; respondieron al llamado feministas
locales, nacionales e internacionales que colaboraron diseñando y pintando
nuevos murales, así como recuperando los que habían sido afectados. Durante el
evento, un ministro de la Iglesia católica se atrevió a acercarse al espacio
donde las compañeras estaban pintando y quiso imponer sus ideas (Siempre
Unidas, 2021) A tal grado llegó la osadía de los integrantes de los cuerpos
eclesiásticos en Quintana Roo, quienes no recibieron ni han recibido sanción
alguna por involucrarse en cuestiones políticas e incidir en la forma en la que
las y los diputados deberían votar.
Opiniones técnicas y foros
Mientras tanto, la
XVI Legislatura recibió, vía correo electrónico, diversas opiniones técnicas y
cartas de apoyo a favor de la despenalización del aborto; las instituciones
marcaron copia al correo de la Red Feminista Quintanarroense, razón por la que
se pudo acceder al contenido y conocer las fechas en las que fueron remitidas a
las y los legisladores. Los documentos fueron suscritos por organizaciones
internacionales e instituciones nacionales; entre ellas:
a.
Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva
b.
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón
de la Fuente
c.
Comité de América Latina y el Caribe
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
d.
Consejo Nacional de Población (CONAPO)
e.
Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)
f.
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
g.
Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC)
h.
Red Latinoamericana y del Caribe de
Católicas por el Derecho a Decidir (Red LAC de CDD)
i.
Iniciativas Sanitarias Uruguay
Asimismo,
durante los foros que se efectuaron, se emitieron argumentos médicos, legales,
convencionales, científicos y éticos para despenalizar el aborto. De igual
manera, las instancias federales y organizaciones internacionales, en sus
opiniones técnicas y cartas de apoyo a las iniciativas, señalaron los criterios
sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las
convenciones y las observaciones señaladas al Estado mexicano por los comités
de seguimiento a los tratados internacionales de los que México es parte.
La Sesión de Comisiones Unidas
El 24 de febrero de
2021, se efectuó la Sesión de Comisiones Unidas con las y los integrantes de
las cinco comisiones a las que se remitieron las dos últimas iniciativas sobre
el tema (Puntos Constitucionales, Justicia, Salud, Derechos Humanos e Igualdad
de Género).
Después
de diez horas con cuatro recesos, el dictamen no fue emitido en virtud de que
un diputado del Partido Acción Nacional (PAN) —que no pertenecía a ninguna de
las comisiones a las que fueron remitidas las iniciativas—, dos diputadas del
PAN, un diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una diputada
independiente interpusieron una serie de obstáculos para tratar de retrasar la
discusión y, en el caso de que se lograra una dictaminación a favor, evitar que
fuera aprobada en el Pleno al tratar de incluir en el dictamen lo relativo a la
reforma constitucional. Finalmente, al ver que no lograrían su objetivo, se
fueron de la sesión para romper el quorum (Congreso del Estado
de Quintana Roo, 2021d).
Es
necesario mencionar que los grupos antiderechos se concentraron en la parte
posterior del Congreso, en donde se ubica el estacionamiento, y hubo momentos
en los que se aproximaron demasiado a las compañeras que se encontraban
restaurando los murales que habían sido afectados.
Al
no haberse dado la dictaminación en el periodo pactado en el acuerdo suscrito
entre la XVI Legislatura y la RFQ, el 25 de febrero de 2021, las manifestantes
volvieron a tomar la totalidad de las instalaciones del Congreso y emitieron el
siguiente comunicado:
El
10 de febrero firmamos un acuerdo entre la Red Feminista Quintanarroense y el
Congreso del Estado de Quintana Roo, representado por los presidentes y
presidentas de las cinco comisiones que atienden el paquete de iniciativas
sobre los derechos sexuales y reproductivos, y la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, donde con claridad enfatizamos que íbamos a retirarnos
de las instalaciones del Congreso del estado a la entrega de un dictamen de
dichas iniciativas, teniendo como fecha límite el 24 de febrero del presente
año.
Lo
lamentable es que el día de ayer, como lo vieron las y los miles de
quintanarroenses, se incumplió dicho acuerdo, al intervenir de manera alevosa,
y entorpeciendo el trabajo de las comisiones unidas el diputado Eduardo
Martínez Arcila, así como las diputadas Reyna Durán Ovando, Kira Iris San,
Aurora Pool Cahuich y el diputado Carlos Hernández Blanco, quienes le siguieron
el juego a un diputado que por sí mismo no pertenecía a dichas comisiones y que
además ingresó a esta legislatura por vía plurinominal.
Lo
que vimos ayer las y los quintanarroense fue muy lamentable para las y los
ciudadanos que confiamos en nuestros representantes.
De
todo esto, queremos señalar como responsable al gobernador del estado de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quién a través de sus operadores, el
diputado Eduardo Martínez Arcila y Carlos Hernández Blanco, utilizando diversas
artimañas retrasaron la votación del dictamen respectivo.
A
razón de ello, nos levantamos de nueva cuenta de las mesas de trabajo con el
Ejecutivo estatal, puesto que no hay duda de que hubo intervención directa de
quien hoy es el jefe político de estos diputados.
Es
importante recalcar que el dictamen iba a ser aprobado en comisiones, en
consecuencia, para que ello no pasara, decidieron obstaculizar el trabajo de
las y los diputados que iban a votar a favor, rompiendo el quorum en
diversos momentos.
Dentro
de algunos de los argumentos que dieron pie a estos intensos debates, fue la
razón de incluir o no la reforma al artículo 13 constitucional. Queremos
señalar que la intención de incluir la reforma a la Constitución en el proyecto
de dictamen, lo único que buscaba por parte de estos diputados y diputadas era
retrasar y evitar que se aprobara el dictamen por mayoría simple en el Pleno,
dado que una reforma constitucional requiere no sólo las tres cuartas partes de
las y los diputados que integran el mismo, sino que requiere, aunado a ello, la
aprobación en la mayoría de los municipios del Estado, cosa que empantanaría el
logro de la reforma en materia de derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.
Por
otra parte, es importante recalcar que dichos diputados en todo momento
antepusieron sus intereses políticos a los argumentos médicos, científicos y
legales, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las
opiniones técnicas emitidas por las autoridades internacionales y federales.
Asimismo,
dentro del proceso legislativo se contempló la realización de seis foros de
consulta donde se plantearon argumentos técnicos y jurídicos a favor de los
derechos sexuales y reproductivos, donde ninguno de estos diputados y diputadas
asistió y/o cuestionó los contenidos de las iniciativas.
De
igual forma, lamentamos que sea la Comisión de Igualdad, en donde se supone se
debe velar por los derechos humanos de las mujeres, donde más observamos
deserciones, pues la diputada Atenea Gómez Ricalde y la diputada Lily Campos
Miranda no quisieron asumir el costo político que implicaba legislar a favor de
las mujeres, y en cambio privilegiaron sus intereses políticos y electorales.
Pese
a todo lo anterior, queremos agradecer a los diputados y diputadas que
permanecieron en la sesión con el objetivo de trabajar a favor de los derechos
humanos. En especial, Judith Rodríguez Villanueva, Edgar Gasca Arceo, Tyara
Schleske, Erika Castillo, Hernán Villatoro, Iris Mora Vallejo, José Luis
Guillen, José de la Peña, y Ana Pamplona.
Asimismo,
agradecemos a la dirección de análisis jurídico por el profesionalismo que
demostraron en la elaboración del proyecto de dictamen a favor de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres; lamentamos la incapacidad de las y los
diputadas del PAN y el PRI al querer retrasar la votación de dicho dictamen, sin
argumentos sostenibles.
Agradecemos
a las cientos de mujeres que nos acuerparon el día de ayer en el Congreso del
estado, y a las y los miles de ciudadanos que a través de las redes sociales
nos respaldaron y dieron seguimiento al trabajo de las comisiones unidas. Sin
ustedes esta lucha no sería posible.
Recalcamos
que seguimos abiertas al diálogo y a la suscripción de un nuevo acuerdo, pero
requerimos una nueva interlocución que sea a nivel nacional, ya que se han
agotado todas las instancias estatales, y hemos visto que incluso quien dice y
debería protegernos, el día de ayer operó de manera directa en contra las
mujeres defensoras de derechos humanos. (Marea Verde Quintana Roo, 2021b)
De
esa manera, seguían firmes en su objetivo. El 1 de marzo, se emitió un
comunicado conjunto (Marea Verde Quintana Roo, 2021a), en el que se señalaba
que, después de un diálogo entre la XVI Legislatura y la RFQ, con la
interlocución de personal de la CNDH, se había acordado que, el martes 2 de
marzo, ambas partes suscribirían un adendum que establecía que
ese mismo día se reanudaría la sesión de las Comisiones Unidas a cargo del
análisis, discusión y dictaminación de las iniciativas en relación con los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Dicho adendum fue
atestiguado por personal de la ONU-DH México, de la CNDH y de la CDHEQROO, a
manera de acompañantes y observadores del cumplimiento del mismo.
Así,
el 2 de marzo, se reanudó la sesión de Comisiones Unidas; el dictamen emitido
fue a favor de la despenalización y de efectuar las reformas propuestas para
garantizar el derecho a decidir sin ser criminalizadas y asegurar el servicio
de la interrupción en los centros de salud del estado (Congreso del Estado de
Quintana Roo, 2021a).
Tal
como se había acordado en el adendum, la RFQ, ya con un dictamen
aprobado, abandonó las instalaciones del Congreso y acampó a las afueras de
éste, a la espera de la sesión del Pleno en la que se votaría el dictamen, la
cual se realizó ese mismo día. La convocatoria se había realizado para ir a
acuerpar todo ese día y hasta que se efectuara la discusión en el Pleno por lo
que había un grupo considerable de mujeres a la expectativa de la resolución.
La votación en el Pleno del Congreso
El dictamen en
sentido positivo antes referido fue leído en la Sesión número 6 del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional del
Congreso del Estado de Quintana Roo el 2 de marzo de 2021, estando la XVI
Legislatura en Pleno (Congreso del Estado de Quintana Roo, 2021b). En dicha
sesión, se contó inicialmente con la asistencia de veintidós, después de
veintitrés y finalmente de veinticuatro legisladores y legisladoras del total
de veinticinco —a la sesión faltó únicamente la diputada del Partido Verde
Ecologista de México—.
Al
someter el dictamen a votación, sólo votaron veinte legisladores y
legisladoras, puesto que cuatro —Wilbert Alberto Batún Chulim, Luis Fernando
Chávez Zepeda, María Fernanda Trejo Quijano y Chanito Toledo Medina— se
retiraron de la sesión para evitar votar, sin que se haya levantado constancia
de ello durante la sesión.
De
quienes sí permanecieron en la sesión y votaron, se obtuvieron siete votos a
favor del dictamen y trece en contra, por lo que se acordó el desechamiento del
“Dictamen con minuta de proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo
primero del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; y por el que se reforman diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo”.
Ninguno
de los o las diputadas que emitieron voto negativo fundaron, motivaron o
hicieron argumentación legal que justificara su votación en contra del reconocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la entidad,
específicamente respecto al derecho a decidir, ni desvirtuaron las opiniones
técnicas, los argumentos científicos, médicos, legales y lógicos que se
expusieron en los foros de discusión o, en su caso, los que se sostenían en el
dictamen que votaron.
Por
ello, se interpusieron cuatro amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito
de la ciudad de Chetumal; éstos tuvieron como objetivos:
1.
La reposición del procedimiento dado que
todo acto de autoridad (como lo es el desechamiento de un dictamen) debe estar
debidamente fundado y motivado, y ninguna de las legisladoras o legisladores
que votaron en contra fundaron ni motivaron su voto en sentido negativo. Es
necesario reponer el procedimiento de la votación dado que votaron en contra de
la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos, lo que violenta el
bloque de constitucionalidad que se compone por los derechos humanos contenidos
en la Constitución, la jurisprudencia generada por el Poder Judicial federal,
los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México
forma parte, el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos
Humanos), los protocolos adicionales a la misma, otros instrumentos
internacionales que han sido incorporados a la Convención y la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la interpreta.
2.
La declaración de la omisión
legislativa en la que incurrieron las diputadas y diputadas puesto que ésta se
configura cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas
estando obligado a ello por la Constitución (Bazán, 2014, p. 97). En esa línea
argumentativa, la Primera Sala de la SCJN ha resuelto que sólo habrá una
omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional
que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido
y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente (Poder Judicial de
la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2018) y, en ese sentido,
al votar en contra de los principios que establece la Constitución y el control
convencional mismo.
3.
La declaración de la
inconstitucionalidad de la prohibición de la interrupción legal del embarazo
(ILE) en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, al violentar el artículo 1
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y restringir el
derecho humano a la salud previsto en el artículo 4 constitucional; además de
las faltas a los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el artículo 7, incisos e, f y g, de la Convención de Belém do Pará,
los artículos 12, 14, inciso b, y 24 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
4. Se
emita sentencia concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión
para efectos de ordenar a las autoridades demandadas que: i) se abstengan de
aplicar en perjuicio de las personas quejosas el artículo 13 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 92, 93, 94
y las fracciones II y III del artículo 97 del Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, y se aplique a nuestro favor el artículo 62 la Ley
de Salud del Estado de Quintana Roo; ii) se abstengan de imponer cualquier tipo
de sanción penal en contra de las personas quejosas por ejercer, cuando así lo
deseemos, nuestros derechos sexuales y reproductivos a través de la
interrupción del embarazo; y iii) otorguen a las personas quejosas cuando así
lo requieran la atención de salud emergente a través de los servicios de salud
públicos para la interrupción del embarazo.
Todos
ellos siguen en trámite y se continuarán hasta las últimas instancias puesto
que, si bien la toma pacífica no fue una acción planeada, una vez efectuada, el
objetivo era lograr el acto jurídico que las llevara a poder iniciar las
acciones jurisdiccionales necesarias para exigir el respeto, la garantía y la
protección de su derecho a decidir.
Conclusiones
La firmeza de la
lucha feminista en Quintana Roo representa un hecho histórico en la lucha por
la despenalización del aborto, al haber resistido noventa y cinco días en una
toma pacífica del Congreso a pesar de las represiones y el discurso de odio e
intolerancia que fue incentivado por las autoridades del estado.
Haber
logrado que el Gobierno del estado, la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo, la Organización de las Naciones Unidas en México y el
Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras de Derechos Humanos emitieran un
reconocimiento del movimiento y además exigieran el respeto a su integridad fue
determinante.
Obtener
las cartas y posicionamientos de organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales en las que se recomendó una discusión basada en los avances
científicos y en la objetividad respecto al aborto seguro, legal y gratuito,
así como la realización de los foros fue fundamental para evidenciar la forma
en la que las y los legisladores que votaron en contra del dictamen sólo
emitieron su voto basados en sus creencias religiosas, conveniencias
partidistas y su indiferencia hacia la ciudadanía que los llevó a esos escaños.
El
dictamen emitido en sentido positivo, debidamente fundado y motivado, contrasta
con la falta de argumentos fundados y motivados por parte de las y los
diputados que votaron en contra, lo que originó los cuatro amparos que siguen
en trámite y a los que se les dará continuidad.
La
lucha sigue desde distintas trincheras. La Red Feminista Quintanarroense y
quienes la integran seguirán firmes en la causa. No claudicarán hasta que el
aborto sea legal, seguro y gratuito.
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presión a políticos que se pronuncien a favor de despenalizar el aborto en
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EstamosAqui.mx. https://estamosaqui.mx/2021/02/19/obispo-mete-presion-a-politicos-que-se-pronuncien-a-favor-de-despenalizar-el-aborto-en-quintana-roo/
Varillas, A. (2020, 17 de noviembre). Red Feminista
presenta pliego de demandas al gobernador de Quintana Roo. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/red-feminista-presenta-pliego-de-demandas-al-gobernador-de-quintana-roo
1 La
antropóloga mexicana Marcela Lagarde es la principal referente actual al hablar
de sororidad, que define como “una dimensión ética, política y práctica del
feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la
búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a
cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con
acciones específicas a la eliminación social de todas formas de opresión y al
apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital
de cada mujer” (Lagarde, 2006, p. 126).
2 Bianca
Alejandrina Lorenzana Alvarado, de veinte años, salió de su casa el 7 de
noviembre de 2020. Tras la denuncia de su desaparición, las autoridades
activaron el Protocolo Alba. Sin embargo, su cuerpo fue hallado un día después.
El 9 de noviembre, “colectivos feministas convocaron a una manifestación para
exigir justicia por ella y por todas las mujeres que han sido asesinadas. La
manifestación se realizó el lunes por la tarde, primero ante la Fiscalía
General del Estado y posteriormente en el palacio municipal de Benito Juárez.
Durante las protestas, policías de Benito Juárez dispararon a los
manifestantes, lo que dejó al menos cuatro personas heridas, entre ellas dos
periodistas que cubrían la manifestación” (Milenio Digital, 2020).
* Yunitzilim
Rodríguez Pedraza es profesora investigadora de tiempo completo de la Academia
de Ciencias Jurídicas de la División de Ciencias Sociales y Derecho de la
Universidad de Quintana Roo (UQROO). Licenciada en Derecho por la UQROO,
maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana
Campus Golfo Centro y doctora en Derecho por la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz. Candidata a Investigadora del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI). Sus líneas de investigación son: derechos humanos, género, Estado y
seguridad pública.
** Erika Lizbeth
Cornelio Ramos es catedrática en la Universidad Modelo de Chetumal. Licenciada
en Relaciones Internacionales por la Universidad de Quintana Roo (UQROO) y
maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO); actualmente, cursa la licenciatura en Derecho en la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). Sus líneas de investigación son:
enfoque de género, políticas públicas y derechos humanos.
*** Sandra María
Guadalupe Cortés González es integrante de la colectiva Marea Verde Quintana
Roo y de la Red Feminista Quintanarroense. Licenciada en Derecho por la
Universidad de Quintana Roo (UQROO). Activista, promotora y defensora de los
derechos humanos de las mujeres; acompañante en atención jurídica. Dentro de la
colectiva Marea Verde Quintana Roo, en 2018, redactó la “Iniciativa de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y la Ley de Salud del
Estado de Quintana Roo”, primera iniciativa ciudadana presentada en el Congreso
del estado con el propósito de lograr la interrupción del embarazo sin
penalización hasta antes de la decimosegunda semana de gestación. Actualmente
realiza acompañamiento y canalización a víctimas, así como socialización de los
derechos humanos de las mujeres.
Rodríguez, Y., Cornelio, E. L.
y Cortés, S. M. G. (2022). La Red Feminista Quintanarroense y la toma pacífica
del Congreso del Estado de Quintana Roo. Iberoforum,
Revista de Ciencias Sociales, Nueva Época, 2(1), 1-41, Artículos, e000205. https://doi.org/10.48102/if.2022.v2.n1.205
Licencia Pública Internacional — CC BY-NC-ND 4.0